"Concejo abierto"

un espacio en internet para la información interactiva, la participación, el debate y la creación. "Donde se confunde lo local con lo global…"


Deja un comentario

Reportaje sobre la supresión de las Juntas Vecinales en TV de Castilla y León.

El mundo rural se levanta contra la desaparición de las Juntas Vecinales. El alcalde pedáneo de Magaz de Abajo (Camponaraya) promueve una plataforma en defensa de una institución clave en los pueblos.

Anuncios


3 comentarios

NO AL FIN DE LAS JUNTAS VECINALES

http://juntasvecinalesdeleon.blogspot.com.es/

En defensa de lo comunal

Tribuna del Diario de León, 7/8/2012.- José Serrano Cepedano. Doctor en Historia Económica por la UAB y autor de varias obras sobre bienes comunales.
El día 13 de julio del 2012 puede pasar a la historia como uno de los días más nefastos para la provincia de León. El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé la desaparición de las Entidades Locales menores que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos, que también se quedarían con los bienes de los pueblos. Aunque detrás de estas medidas se argumenta la racionalización de la administración, visto el nivel de endeudamiento de los Ayuntamientos no sería descartable que estas propiedades acabasen vendidas al mejor postor, como ya ocurrió hace un siglo y medio. Es decir, los pueblos leoneses estuvieron a punto de perder sus propiedades con las desamortizaciones puestas en marcha a lo largo del siglo XIX para reducir la deuda del Estado.
Primero, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837) puso en venta los bienes de la Iglesia. Sin embargo los pueblos se vieron privados de bienes que aprovechaban colectivamente como «cotos redondos», «dehesas de labor» o montes pertenecientes a monasterios como los de Sahagún Carracedo, Gradefes o Carrizo de la Ribera y que fueron comprados por burgueses y especuladores. Aunque éstos continuaron arrendándolos a los pueblos, impusieron nuevas condiciones, a veces abusivas; un ejemplo de lo ocurrido es Villaverde de Sandoval, comprado de forma fraudulenta por G. Balbuena y que derivó en un conflicto de orden público, al quedar excluidos de los aprovechamientos la mayor parte de los vecinos. No obstante, también los pueblos se valieron de la ocasión para comprar de forma colectiva montes y propiedades comunales.
De nuevo a mediados del siglo XIX, con un Estado fuertemente endeudado, Pascual Madoz, ministro de Hacienda, puso en venta los llamados bienes de propios; es decir, bienes cuyo aprovechamiento era cedido por el concejo a particulares a cambio del pago de un canon. Al amparo de esta desamortización fueron enajenados molinos, fraguas, cantinas, quiñones, cotos boyales o montes de aprovechamiento común. No obstante, en León, en comparación con otras provincias españolas, la superficie de comunal vendida durante el siglo XIX fue mínima. La principal razón de ello es que, al ser los comunales básicos para las economías campesinas todos los sectores sociales se aliaron para impedir su venta. A través de estrategias legales como las «solicitudes de excepción» de la venta, o «ilegales» como la violencia contra los compradores o las quiebras fraudulentas, los pueblos impidieron muchas ventas. También hubo ocasiones en las que los pueblos conservaron su patrimonio comunal porque los vecinos, comprometiendo sus capitales, compraron colectivamente bienes subastados, los cuales posteriormente eran escriturados a favor de las Juntas vecinales.
También durante el XIX los pueblos fueron desposeídos de comunales con la desamortización de foros y censos y con la «abolición de los señoríos», resuelta de forma muy favorable a la nobleza al reconocerle la propiedad plena de montes y fincas por las cuales los pueblos pagaban rentas señoriales. De hecho, cuando en 1931 la Ley de Bases de Reforma Agraria republicana preveía la abolición de los señoríos y el rescate de los comunales de los pueblos que un siglo antes habían sido vendidos o usurpados al amparo de la desamortización, diversos pueblos de León acudieron al Instituto de Reforma Agraria a reclamar, siendo destacado el caso de Villamor de Riello defendido por el insigne D. Vicente Flórez de Quiñones.
Durante el siglo XIX no sólo les fueron arrebatadas a los pueblos propiedades comunales, sino que el Estado liberal intentó despojar a los concejos y a los vecinos de la gestión de sus bienes comunales. Por un lado, con la creación de los municipios en 1812, las leyes únicamente reconocían a los ayuntamientos, columna vertebral del caciquismo, como interlocutores entre los pueblos y la Administración. Posteriormente, a través de diversas leyes se determinó que la administración de los comunales y montes «públicos» era competencia de los Alcaldes municipales y ayuntamientos y no de los concejos de vecinos. Una de las consecuencias es que las Juntas administrativas o vecinales se vieron privadas de competencias para castigar a quienes cometiesen infracciones en la utilización de los recursos comunales. No obstante, a pesar de que administrativamente se despojó a los «concejos de vecinos» de competencias y se intentó desposeer de todo valor legal a la costumbre y a las ordenanzas concejiles, los pueblos siguieron defendiendo y aplicando el ordenamiento comunitario.
Por otro lado, y en lo que se refiere a la gestión de los montes de los pueblos, a partir de 1853 ésta pasó a ser tutelada por los Ingenieros de Montes. A partir de ese momento, se prohibieron y castigaron aprovechamientos tradicionales como las roturaciones y el pastoreo, considerados dañinos para el monte; incluso, a partir de 1876 se encargó a la Guardia Civil las tareas de guardería forestal. A pesar de la represión, el intento de los ingenieros de montes de promover un monte productor de madera a través de repoblaciones y ordenaciones fracasó y tuvieron que limitarse a cobrar el 10% de la tasación de los aprovechamientos tradicionales (ganadería, ramón, leñas y roturaciones). Los ingenieros no pudieron salirse con la suya porque los vecinos resistieron y rechazaron la ingerencia exterior, la cual ponía en peligro sus medios de vida y su supervivencia que dependía de los aprovechamientos en los comunales.
Si hoy en día en León, en pleno siglo XXI, se mantienen los comunales es porque los vecinos las defendieron con «uñas y dientes» frente a las embestidas del Estado liberal. Esos bienes de los pueblos hoy vuelven a estar en peligro, casi por las mismas razones que el siglo XIX: un Estado endeudado y unas instituciones políticas en manos de gente que las ha venido utilizando en provecho propio. A diferencia del pasado, hoy los comunales ya no son fundamentales en la economía leonesa, ya que cada día menos gente vive de la agricultura y de la ganadería. Sin embargo, los comunales son un legado de nuestros antepasados que hoy nos toca defender a nosotros. Con una economía en manos de especuladores, se corre el riesgo de que los montes y las propiedades de los pueblos acaben vendidos a precio de saldo; es más, lo peligroso es que hoy con una economía globalizada estas propiedades acaben en manos de empresas extranjeras y que acabemos sintiéndonos extraños en nuestra propia tierra.
                           Tfno: 633 23 79 26

Leido en: www.obierzoceibe.blogspot.com

RESISTENCIA HISTÓRICA DE LAS JUNTAS VECINALES BERCIANAS

Por Xabier Lago Mestre.
La dinámica reformadora del Gobierno central no tiene límite. Recientemente los medios de comunicación han informado de la intención política de eliminar las juntas vecinales del Estado. Se pretende llevar a cabo este proceso de supresión institucional mediante el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que deberán aprobar las Cortes Generales. Esta futura Ley pretende fortalecer las diputaciones provinciales, así como eliminar las mancomunidades municipales y las entidades locales menores. Este proceso reformador tiene mucho de centralizador ya que refuerza los órganos de gobierno provincial frente al municipalismo.
 
NUESTRA TRADICIÓN INSTITUCIONAL.
Las entidades locales menores se denominan tradicionalmente en la región berciana  juntas vecinales o pedanías. Estas institucionales históricas, de origen medieval, derivan de la organización propia de los concejos rurales (concellos en idioma gallego-berciano) que comprendía los pedáneos (vigarios, maiordomos…) y las juntas vecinales (xuntas veciñais) como asamblea deliberativa y decisoria de los cabeza de familia. Las juntas vecinales debatían y aprobaban su propia normativa general de obligado cumplimiento, conocida como ordenanzas concejiles (dereito consuetudinario). Estas ordenanzas regulaban la actividad política, festiva y agro-ganadera. Por su parte, los pedáneos tenían semejanza con los actuales alcaldes aunque con menores competencias gubernativas, judiciales y sancionadoras con ltidades locales menores, a imposición de multas vinales.
Estas peculiares instituciones populares, que son nuestras juntas vecinales, siempre fueron objeto de los ataques de otras instituciones contrapuestas, caso de las señoriales que defendían el poder privilegiado y antidemocrático. Los señores feudales de la región berciana (laicos, eclesiásticos o monásticos) intentaron a lo largo de los siglos restringir la autonomía de las juntas vecinales mediante diversos mecanismos (elección de cargos, veto de los elegidos, apelación a la justicia señorial superior, incumplimiento de las resoluciones, fuerzas, abusos…). A pesar de los ataques señoriales, la autonomía de los concejos rurales logró cierto dinamismo secular en defensa de sus intereses comunitarios (montes, pastos, regos, searas, veceiras…).
 
SUCESIVOS ATAQUES LIBERALES AL COMUNITARISMO RURAL.
La revolución liberal del siglo XIX supuso una nueva etapa en la amenaza de la autonomía de las juntas vecinales. Recordemos que la política liberalizadora del mercado de la tierra, a través de la desamortización, afectó tanto a las tierras monásticas como a los comunales de los concejos. Por lo que se refiere a la nueva ordenación territorial del Estado, se crearon las provincias liberales, por mor de la política institucional centralizadora. Esto supuso la eliminación de los reinos y las provincias del Antiguo Régimen. En nuestro caso, perdimos definitivamente la provincia de El Bierzo que había pervivido durante los siglos XVI al XVIII. Tras la supresión de los señoríos se crearon partidos judiciales y ayuntamientos constitucionales. Las antiguas villas, señoriales o realengas, pasaron a ser cabeza de los municipios (Villafranca, Ponferrada, Bembibre, Toreno…) pero perdiendo sus regidores perpetuos.
La creación de los municipios liberales supuso cuestionar la existencia de los concejos rurales bercianos (aldeas, lugares, barrios, vilares, casaríos…). Las sucesivas leyes municipales obligaron a los pueblos a competir entre ellos por la capitalidad, la población y el territorio.  Así, la Ley municipal de 1856 establecía un mínimo de 100 vecinos para conseguir el ayuntamiento constitucional, mientras que la Ley de 1870 elevaba el límite a los 2000 habitantes.
 
SOMETIMIENTO DE LOS PEDÁNOS.
Los ayuntamientos constitucionales y las autoridades provinciales pretendieron someter a su poder político los concejos rurales de su municipio restándoles autonomía. La Ley Municipal de 8 de enero de 1845 permitía que los llamados alcaldes pedáneos fueran nombrados por el gobernador provincial por un período de dos años, y la de 1856 permitía la intervención de los alcaldes constitucionales en la elección de pedáneos. La Real Orden de marzo de 1862 sólo reconoce a los pedáneos funciones gubernamentales. Habrá que esperar a  la sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de septiembre de 1866, para que se admita a los pedáneos competencia en materia judicial.
El jurista Elías López Morán nos informa, en su libro Derecho Consuetudinario de España (1886), que incluso un informe del Consejo de Estado de 1875, “impulsado por el afán inmoderado de centralizar, característico de nuestra época”, decretó que las juntas administrativas carecían de jurisdicción, prohibía la aprobación de ordenanzas concejiles y permitía la inspección administrativa de los ayuntamientos sobre las juntas vecinales.
Por su parte, la Ley Municipal de octubre de 1877 fija el capítulo llamado “De la administración de los pueblos agregados”. En el artículo 90 leemos que “los pueblos que, formando con otros término municipal, tengan territorio propio, aguas, pastos, montes o cualesquiera derechos que les sean peculiares, conservando sobre ellos su administración particular”. Se permitía la elección directa de las llamadas “juntas administrativas” formadas por un presidente y 4 vocales (en caso de 60 o más vecinos) o 2 (con menos de 60 vecinos).
Nuevos ataques a las juntas vecinales se producen con la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1894. Esta resolución judicial favorece a los ayuntamientos frente a las juntas administrativas. “Las juntas administrativas no pueden invertir por si los productos de los bienes pertenecientes a los pueblos agregados, ni concertar la inversión con los respectivos ayuntamientos (…)”. Tampoco se admiten presupuestos de las juntas vecinales, sólo existirán legalmente los de ayuntamientos.
En los debates parlamentarios sobre el proyecto de reforma local de 1908 de nuevo se cuestionaron los concejos abiertos de las juntas vecinales. El político castellano Santiago Alba defendió los llamados entes locales menores, “que allí donde existan estas instituciones, que representan una tradición secular en Castilla, sean respetadas (…)”. Otro tanto hizo el diputado leonés Azcárate, que criticó la denominación de Anejos para las juntas vecinales, “el anejo no es eso, sino que se trata de Ayuntamientos establecidos en aldeas y lugares esparcidos por el territorio, que ninguno de ellos puede considerarse anejo de otro (…)”.
El Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 refuerza el reconocimiento jurídico de las juntas vecinales. Permite que éstas consigan la titularidad de los terrenos comunales, incluso de los apropiados anteriormente por el Estado. De ahí que las juntas vecinales bercianas hagan un esfuerzo por el reconocimiento legal de sus bienes.
 
ATAQUES DEL RÉGIMEN FRANQUISTA.
No podemos pasar por alto los ataques que sufrieron nuestras juntas vecinales bercianas por el régimen franquista. Nos referimos concretamente a los efectos perniciosos de la política forestal forzosa. Numerosos pueblos bercianos protestaron y rechazaron la intervención exterior en sus bienes forestales. Estos fueron los casos de Perexe y Candín (año 1946), Páramo del Sil (1955), Sésamo o Veiga de Espiñareda (1957) entre otros muchos. En el caso de  Marrubio (1956), la documentación oficial indica que “se presentaron como unos cuarenta vecinos de ambos sexos, armados con palos, hoces y otros objetos de labor, insultándoles y amenazándoles, viéndose obligados a suspender la plantación de referencia (…)”. Las protestas populares eran consecuencia de unas obligadas repoblaciones forestales de pinos que impedía el aprovechamiento vecinal de pastos y leñas. En algunos casos incluso se produjeron intencionados incendios forestales sobre las nuevas plantaciones forestales.
Para rematar, comentar que con toda esta información histórica hemos pretendido analizar los sucesivos ataques a las juntas vecinales. El poder político favoreció jurídicamente a los ayuntamientos frente a las juntas  vecinales, y económicamente se intentó eliminar sus recursos naturales, casos de las desamortizaciones de tierras o las expropiaciones de sus montes por el régimen franquista. La resistencia secular de las juntas vecinales debe ser un ejemplo a seguir ante el actual proceso político de eliminación de nuestras juntas vecinales bercianas.
O Bierzo, julio de 2012.

www.obierzoceibe.blogspot.com

En relación  este proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que está impulsando el gobierno del Partido Popular se están realizando una serie de recogidas de firmas para intentar condicionar y paralizar este proyecto.

Una de estas iniciativas populares se concreta en la recogida de firmas para solicitar plenos en cada ayuntamiento en el que se concrete su apoyo a las Juntas Vecinales.

Os dejo el siguiente enlace en el que a través de un blog podéis  sumaros a la causa.

http://juntasvecinalesdeleon.blogspot.com.es/2012/07/recogida-de-firmas-para-solicitar.html

RECOGIDA DE FIRMAS PARA SOLICITAR PLENOS DE APOYO A LAS JUNTAS VECINALES

En la columna de la derecha hemos incluido para su descarga un documento con la plantilla y el texto necesarios para solicitar que cada ayuntamiento convoque un pleno en el que se respalde a las Juntas Vecinales o concejos. Más adelante probablemente se inicie una campaña popular de recogida masiva de firmas, pero en ese caso avisaremos en este blog, en el grupode Facebook,  y en los medios de comunicación.
Tampoco os olvidéis de firmar en la recogida “virtual” de Change.org, porque nos quedan menos de 200 para llegar a 1000. Por favor, difundid las dos iniciativas todo lo que podáis.
Por último podéis descargaros el PDF que abajo acompaño con un modelo que está circulando por todo león, en el que también se puede leer un manifiesto en defensa de los ayuntamientos y entidades locales menores en Castilla y León, y en el que podemos sumarnos a la campaña con nuestros datos personales y firma. Estas firmas deberán posteriormente remitirse a la Presidencia del Gobierno en Madrid.
Remitir a : Presidencia del Gobierno, palacio de la Moncloa, 28071 MADRID

manifiesto apoyo Juntas Vecinales